La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha asegurado que una vez conocido que el Tribunal Constitucional avala "la Ley de la Función Social de la Vivienda al 99,9%" IU pondrá una parte muy importante de sus esfuerzos en esta materia en "hacer efectivo el desarrollo pleno de la ley". Nieto ha indicado que "ahora no hay excusa ni recurso tras el que esconderse" por lo que el Gobierno andaluz debe empezar a aplicar de forma efectiva esta ley tan necesaria para miles de personas en Andalucía.
Nieto, que ha mostrado su satisfacción tras conocer la sentencia del TC, ha apuntado que "sigue habiendo un número no menor de 700.000 viviendas vacías en Andalucía, de las cuales hay que saber cuales no están cumpliendo su función social". Para la portavoz adjunta de IU, "hay que comenzar las inspecciones, a pedir documentación, ver si estas viviendas están dadas de altas en los suministros y sancionar en aquellos casos en los que las viviendas están siendo utilizadas como un bien de mercado, cuando siguen engrosando la cuenta de beneficios de grandes empresas mientras se mantiene una situación de vulnerabilidad de una buena parte de la población".
Nieto ha apuntado que "el TC le da plenamente la razón a IU puesto que sí que considera constitucional la definición de vivienda deshabitada y la función social que se le considera atribuida a la vivienda y, por tanto, mantiene intactas todas la medidas de inspección, fiscalización y sanción para las entidades jurídicas que acumulan viviendas deshabitadas en sus manos y no las ponen a disposición del ejercicio efectivo del derecho a la vivienda digna que, como era de esperar, es un derecho protegido y por tanto mantiene la vigencia del 99,9% de la ley".
Para terminar la intervención Nieto ha señalado que pese a que para IU "no es menor" la salvedad de la nulidad de la posibilidad de ejercer la expropiación de uso de las viviendas que no cumplan con su función social, el TC no lo permite "no por la inconstitucionalidad de la medida, si no por el choque competencial con el Gobierno central y por la legislación vigente en atribución de las competencias de la administración central".
