Ataque a la libertad de expresión hacia miembros de Izquierda Unida.
La parlamentaria andaluza de IU, Mª Carmen Pérez, y José
García Llorente, Coordinador local de Motril, comparecieron el pasado lunes 28 de mayo en rueda de prensa ante el Juzgado de lo Penal nº 1 de Motril para
explicar cuál ha sido su testificación en relación a las amenazas recibidas a
través de las redes sociales.
Llorente hizo mención “que recibimos amenazas explícitas, a
través de Facebook, que pretendían coartar nuestro libre ejercicio de nuestras
actuaciones políticas. Un asunto totalmente intolerable que denunciamos ante la
policía el pasado mes de septiembre”.
Así, el Coordinador local de IU ha explicado que “nosotros
siempre hemos defendido un marco de convivencia democrático dónde sea posible
el libre debate de las ideas. Sin embargo, por responsabilidad y por dignidad
democrática, no vamos a tolerar que se amenace a los hombres y mujeres
que integramos esta organización política”.
Por su parte, Pérez ha querido trasladar todo su apoyo a
toda la familia de Izquierda Unida que organizó el acto ‘Por el derecho a
decidir y las libertades democráticas’ del pasado 25 de septiembre. “Como bien
sabéis hay un delito de odio contra nuestros representantes municipales, un
hecho que no se puede permitir puesto que la justicia debe actuar de la manera
más diligente posible. Por ello, queremos que la justicia sea efectiva y que
estas cosas no vuelvan a suceder. Nuestra gente no puede vivir asustada porque
se haga un uso ilegítimo de las redes sociales. Libertad de expresión sí, pero
amenazas de muerte y delitos de odio no”.
De igual forma, la Coordinadora Provincial de IU explicó que “la ley mordaza está haciendo mucho daño a este país. Nuestro
grupo municipal salió a la calle organizadamente para defender el derecho a
decidir y no es tolerable que sufran incluso amenazas de muerte. No es la
primera vez que nuestros cargos públicos sufren estos tipos de delitos y por
ello llegaremos hasta dónde haga falta. Las leyes están para cumplirlas aunque
con un gobierno como el del PP cuesta mucho trabajo”.
Así, Pérez recordó que “ya tuvimos una concejala de
Granada que también fue víctima de un delito de odio a través de Twitter. Sin
embargo, el autor, tras twittear que la quería ver enterrada en cal viva, sólo
fue condenado a pagar una pequeña multa que no era lo que se preveía en el
Código Penal”.
Finalmente Pérez ha hecho hincapié en que “las leyes están
para cumplirlas. La justicia debe ser imparcial en este país ya es uno de los
pilares fundamentales que debe garantizar la democracia”.
