La comisión de Peticiones de la Eurocámara atiende la solicitud de IU defendida hoy por el coordinador general de IU Andalucía
La delegación se desplazará al Parque Nacional entre septiembre y octubre de este año
El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha celebrado la decisión de la Comisión de Peticiones del Europarlamento de enviar una comisión de investigación a Doñana por el proyecto de Gas Natural como “un logro de sentido común” que permitirá “comprobar in situ y reconocer los peligros de este proyecto”. Según Maíllo, este es un proyecto que “no entiende de fragmentaciones” de los informes de impacto ambiental, y “un subsuelo de Doñana que no entiende de trámites administrativos ni de zonas más o menos amenazadas” porque “todas están interrelacionadas con una profunda afectación del acuífero 27 que es el que riega todo Doñana”.
Maíllo, que ha acudido a Bruselas acompañado por el secretario de organización de IU Andalucía, Francisco Javier Camacho, ha sido el encargado de defender hoy, junto a la eurodiputada Paloma López, una petición de IU Huelva que llevaba atascada en Bruselas desde 2013 y reitera en varias ocasiones por la portavoz de Izquierda Unida en la Eurocámara, Marina Albiol. Tras la defensa de Maíllo, la presidenta de la Comisión de Peticiones ha anunciado la aprobación de esta delegación de europarlamentarios, que se desplazará al Parque Nacional entre septiembre y octubre de este año. Además, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que contestar a sendas cartas explicando la situación de sobreexplotación de los acuíferos y el riesgo sísmico derivado del proyecto gasístico de Gas Natural.
Durante su intervención en PETI, el coordinador general ha reclamado a la Comisión Europea que aplique “el principio de precaución para suspender la ejecución del proyecto Marismas Occidental”, que está actualmente en ejecución, y ha recordado que “organismos oficiales y científicos avalan de manera contundente las tesis que hemos defendido” desde IU y que señalan que “no han sido evaluados de manera concluyente los riesgos sísmicos del proyecto, ni los impactos sobre el acuífero, ni la idoneidad de su ubicación”.
“O dicho de otro modo -ha continuado-, no se garantiza la seguridad de la zona y se pone en riesgo el suministro de agua en cantidad y en calidad, agua sin la cual es imposible la pervivencia de este humedal, símbolo mundial de lucha por la biodiversidad, que es Doñana”.
Además, ha explicado que desde que se presentara la petición en 2013, “han sido muchas las comparecencias en este foro y hemos aportado documentación que ratifican ahora instituciones independientes” como el Defensor del Pueblo de España y el de Andalucía -cuyo titular ha comparecido también en PETI-, “pero también otras como el Instituto Geológico y Minero de España y la comunidad científica”.
Además, ante los argumentos de los representantes de la Dirección General de Medioambiente, que se han escudado en un supuesto proceso judicial abierto para justificar la inacción de la institución europea, Maíllo, al término de la sesión, ha asegurado que “nos ha sorprendido que la Comisión Europea haya recurrido a argumentos estrictamente jurídicos y no unívocos”. En este sentido, Maíllo ha subrayado que “lo que nos gustaría es que no sólo se basen en los informes que les llegan a sus despachos, sino en el contraste que va a mostrar la visita a Doñana”.
La eurodiputada de IU Paloma López, presente durante el debate, ha tomado la palabra para defender tanto la petición como la misión y ha afeado la actitud del eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz durante su intervención, recordando que su partido llegó a traer a PETI a Gas Natural para bloquear la petición. “Aquí han traído a Gas Natural a defender un proyecto especulativo en contra de los intereses generales y de este propio Parlamento con una zona protegida como Doñana. Que no nos digan que hay intereses partidistas, porque efectivamente los tienen ellos con una empresa”.
Asimismo, se ha felicitado de que “la Junta haya repensado sus prioridades gracias, evidentemente, a la presión social”, y ha exigido a la Comisión Europea “que deje de dar excusas”, “paralice inmediatamente este proyecto” y “exija que se cumpla con las normas medioambientales”.
