NOTA DE
PRENSA
Guadix 12
de Febrero de 2016.-
Izquierda Unida advierte que la inclusión de la iniciativa privada en el proyecto de Ley de Servicios Sociales puede convertirlos en un negocio para las empresas y no un derecho para l@s ciudadan@s.
El pasado día 3 de
Febrero el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guadix
registraba para su aprobación una moción sobre EL PROYECTO LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCIA
Desde el
grupo municipal lamentamos que el proyecto de Ley de Servicios Sociales de
Andalucía tal y como se aprobó el pasado 12 de Enero en el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía va a suponer allanar el terreno a la privatización,
facilitando su prestación a empresas que aplican un modelo neoliberal que
anteponen su beneficio económico a las necesidades de las personas que tienen
que ser atendidas”.
Por lo
tanto desde Izquierda Unida exigimos que, únicamente cuando sea del todo
imposible hacerlo desde la administración pública, y dicha imposibilidad esté
completamente justificada, sea la iniciativa privada la que preste los
servicios sociales, pero en estos casos, sean asumidos por entidades de
economía social y no por otras empresas que ni garantizan la atención a las
personas usuarias ni los derechos laborales de sus plantillas.
La actual Ley pretende blindar la Agencia
Andaluza de Servicios Sociales, lo que sigue abundando en la proliferación de
agencias públicas que luego son gestionadas como empresas privadas, a lo que
nos oponemos firmemente por mantener un modelo de gestión privada de los
recursos públicos, con la opacidad que ello supone.
Por otra
parte, la ley no cuenta con la necesaria participación ciudadana para la prestación
de los Servicios Sociales ni tampoco se establecen protocolos claros para
conectar las atenciones de los Servicios Sociales con otros servicios públicos,
como son la Salud, el Empleo, la Justicia, la Vivienda, la Educación y demás,
con lo que se dificulta la resolución de la problemática que tienen las
personas atendidas
Y para
finalizar desde Izquierda Unida no entendemos como se van a blindar los
derechos sociales si la espada de Damocles del artículo 135 de la Constitución
(modificado en su día por PSOE y PP) fija un techo de gasto y se trata de una
norma de rango superior.
