El juzgado de instrucción número 8 de Granada cierra el caso Magrec sin
cargos para María Asunción Pérez Cotarelo y Julio Miguel Bernardo
Castro, acusados por el anterior gobierno de la Diputación de un
presunto delito de prevaricación, malversación de fondos públicos y
falsedad en documento mercantil.
La justicia granadina ha
decidido sobreseer la causa conocida como caso Magrec por la que 11
personas fueron imputadas por un supuesto delito de prevaricación,
falsedad en documento mercantil y malversación de fondos públicos, entre
las que se encontraban los dos anteriores diputados de IU. El juzgado
de instrucción número ocho no ve ninguna acción constitutiva de delito
en la gestión del proyecto cultural en Marruecos, tal y como refleja el
auto del juez del pasado 13 de octubre. Una “buena noticia para nuestra
organización, que al fin ve reconocida por parte de la Justicia la
absoluta inocencia de nuestros compañeros María Asunción Pérez Cotarelo y
Julio Bernardo Castro, y que todo esto ha sido una maniobra política
orquestada por el PP”, mantiene el coordinador provincial de IU, Manuel
Morales, quien subraya, además, que el gobierno de Sebastián Pérez “ha
utilizado dinero público durante cuatro años para contratar a abogados
externos y utilizar todo el aparato administrativo de la Diputación con
objeto de desacreditar la labor de IU, y tratar de meter a todos los
cargos públicos en el mismo saco de la corrupción que su partido
practica”.
Morales sostiene que, “después de estos años de todo
un partido investigando con lupa, lo único que han conseguido es
demostrar precisamente que, donde hay gestión de IU, preside la
transparencia, la claridad y la honradez”.
El coordinador
provincial lamenta que, además del “incalculable perjuicio” causado a
los exrepresentantes provinciales, “por el sufrimiento injusto que han
padecido durante todo este tiempo”, “este caso deja más víctimas por el
camino”. En este sentido, el coordinador provincial apunta que cinco
empresas de Granada “todavía están esperando, cuatro años después, que
la administración provincial les abone más de 200.000 euros en facturas.
Cinco empresas que se han visto perjudicadas y con riesgo para
mantenerse a causa de una persecución política”. Asimismo, Manuel
Morales se pregunta también “quién va a restituir la oportunidad que
perdió la provincia de Granada al tener que devolver medio millón de
euros de fondos europeos por la paralización de la iniciativa Magrec”;
y, por otro lado, IU se dirige al PP para pedirle que explique a la
ciudadanía cómo y cuándo van a devolver los 60.000 euros de dinero
público “que han empleado en la denuncia para manchar la imagen de una
persona”.
Por su parte, María Asunción Pérez Cotarelo ha
expresado que se ha pasado cuatro años “escuchando insultos en los
plenos y leyendo injurias en los periódicos por parte de miembros del
equipo de gobierno de Sebastián Pérez, por lo que de ninguna forma se me
va poder restituir el honor y el sufrimiento generado en este tiempo”.
Repasando la hemeroteca, Pérez Cotarelo recuerda que se le acusó de
“sinvergonzonería, ignominia, malversación de fondos públicos, y hasta
se tituló el caso como la ‘Trama Cotarelo’. Se ha demostrado que todo es
mentira, pero nadie me va a poder reparar el daño causado. Ahora soy
una persona completamente distinta a la que era hace cuatro años, y hoy,
que debería ser un día de alegría, siento un vacío tremendo de pensar
que algunos quieran hacer política con el sufrimiento ajeno”.
La
exdiputada provincial ha anunciado a los periodistas que a lo largo de
esta semana decidirá si seguir adelante o retirar la demanda interpuesta
contra miembros del equipo de Sebastián Pérez por derecho al honor. “Si
pedían perdón, estaba dispuesta a retirarla, porque no quiero que nadie
tenga que pasar por estos procesos, pero también me planteo que, a ver
si tocándoles el bolsillo, entienden que no puede ser tan gratuito
manchar el nombre de alguien”.
