martes, 22 de mayo de 2012

Izquierda Unida denuncia persecución y represión por parte de la Subdelegación del Gobierno en Granada

Desde IU han condenado la represión, persecución, las detenciones y las multas que están teniendo lugar en los últimos meses procedentes de la Subdelegación del Gobierno así como desde el propio ayuntamiento de Granada, en especial hacia dos colectivos, los que han participado de piquetes informativos en la huelga del 29 de marzo, y contra las iniciativas ciudadanas que parten sobre todo del movimiento “Stop desahucios” que pertenece a su vez de los grupos de trabajo del 15M en las acciones que se realizan en cajas y bancos “donde a día de hoy hay ya 130 multas que les han llegado ya a todas estas personas por mostrar su solidaridad con la gente que se queda en la calle”. Maite Molina, Concejala de la formación en Granada, ha expresado su condena y malestar por la detención “de forma irregular” del responsable de organización de IU Granada ciudad, Juan José Domínguez, como muestra de la “persecución política y sindical por parte de la Subdelegación del Gobierno, hacia estas personas por realizar tareas informativas a los trabajadores de su derecho a ejercer la huelga”.

La representante de IU, anuncia que estas medidas no servirán para amedrentarlos a la vez que ha manifestado su intención de continuar defendiendo los derechos de la clase trabajadora y de las personas a tener una vivienda como derecho constitucional. En este sentido Izquierda Unida va a presentar varias iniciativas, en el congreso de los Diputados y otra a través de los servicios jurídicos de la formación, pidiendo la reprobación de la Subdelegación del Gobierno en Granada por las identificaciones llevadas a cabo, calificadas por Molina como “irregulares y arbitrarias”.

Manuel Morales, coordinador provincial de IU, ha calificado de lamentable “que en pleno siglo XXI un gobierno de el paso de empezar a utilizar el aparato del estado para perseguir a la oposición política”. Morales cree que no se puede detener ni multar a una ciudad entera, haciendo alusión a las 130 multas que han llegado ya a ciudadanos en tan solo unos meses de gobierno del partido popular. “Son una barbaridad y la muestra de un gobierno que no sabe gestionar el malestar de su ciudadanía y que la única respuesta que tienen es la represión y la persecución de los ciudadanos que simplemente están en la calle reivindicando sus derechos, o porque no comparten determinadas políticas”.

El coordinador de la formación de izquierdas se ha mostrado contundente al afirmar “que si esta es la forma de actuar del gobierno del PP, le va a faltar papel para poner multas y cárceles donde encerrarles” Morales cree que con esta forma de hacer política lo único que se consigue es más crispación e indignación entre la ciudadanía, siendo éstas las consecuencias derivadas de estas políticas represivas.

La detención del responsable de organización de la asamblea local de Granada, de forma irregular “cuando ya hay un proceso judicial abierto y que se realiza sin la debida tutela judicial, indica que hay una clara intencionalidad política de amedrentar a las personas que están liderando y organizando la protesta ciudadana en Granada”. Manuel Morales ha hecho un llamamiento a la ciudadanía en general ofreciendo la ayuda de la formación de izquierdas “hasta las últimas consecuencias” dando amparo a los que el gobierno intente quitar su derecho a la protesta ciudadana y a la libertad de expresión en la calle.

IU exigirá responsabilidades políticas al Subdelegado del Gobierno de Granada, el accitano Santiago Pérez, al que le exigen ya, una explicación sobre lo que está haciendo con las fuerzas de seguridad del estado “que en lugar de vigilar para que haya seguridad en nuestras calles a lo que se dedican es perseguir a la ciudadanía”. El responsable de IU ha informado de la puesta en contacto con el grupo de IU en el Congreso de los Diputados para que a su vez realice las gestiones necesarias con el Ministro del Interior “y dé explicaciones de qué es lo que está haciendo con los cuerpos de seguridad del estado en Granada y en toda Andalucía para amedrentar a la ciudadanía”.