IU lleva al Congreso la propuesta más amplia contra la pobreza y la
exclusión social con actuaciones concretas sobre empleo, sanidad, educación,
vivienda o el mundo rural
Izquierda Unida registró ayer en el Congreso su
Proposición de Ley Integral contra la Pobreza y la Exclusión Social, una
ambiciosa iniciativa plasmada en 33 artículos y varias disposiciones,
organizados en siete títulos, que desarrollan actuaciones concretas en materia
de empleo, sanidad, educación, prestaciones sociales, vivienda, suministros mínimos
vitales, vivienda o contra la exclusión en el ámbito rural.
Propuestas como estas demuestran una vez más la necesidad del proyecto de Izquierda Unida para la construcción de un nuevo país, en el cual se antepongan los interés de todos las clases populares, de la clase trabajadora de toda condición a los interés de los poderosos, de los privilegiados del sistema, y en definitiva de las oligarquías.
Eva García Sempere centró su intervención, principalmente,
en explicar cómo se había llevado a cabo este proyecto “durante ocho meses de
duro trabajo”. Ella y un equipo multidisciplinar de técnicos de IU recorrieron
buena parte de las comunidades autónomas para llegar al fondo de distintas
formas de exclusión y “tratar de que se puedan visibilizar todas las caras de
la pobreza, que se visibilice lo más invisible”.
Todo ello llevó a contactar con menores no acompañados
llegados a Melilla, personas que viven en infraviviendas sociales en Castilla-La
Mancha, familias en clara exclusión social en zonas urbanas concretas de
capitales andaluzas o la posibilidad de ver en toda su dimensión la
“despoblación en el mundo rural, pero también cómo se le hace frente con
éxito”, porque “no es posible combatir igual la pobreza en todos los sitios, en
el ámbito rural o el urbano”.
La proposición de ley regula, por ejemplo, la garantía del
derecho al acceso a los suministros básicos de agua potable, gas o electricidad
a personas y unidades familiares en situación de pobreza o exclusión social.
Fija unos mínimos de consumo vitales y un sistema público de precio social,
mandatando al Gobierno para hacer un Plan concreto contra la pobreza
energética.
“Estos mínimos -explica Eva García Sempere- están regulados
en algunas comunidades autónomas, pero no queda demasiado claro y hay casos en
que se ha tenido que llevar al Tribunal Constitucional”, por lo que apuesta por
que “se especifique” bien a sus beneficiarios.
La diputada de IU cifró también en cerca de 40.000 las
personas sin hogar en todo el Estado. Desde una óptica distinta denunció
también la situación que sufren “las personas trabajadoras pobres, que van a
diario a trabajar pero que viven en plazas y parques porque no les da para
acceder a una vivienda”. Aseguró que ahora se podía observar esta situación con
nitidez en personas que, por ejemplo, acuden a ocupar empleos temporales en las
Illes Balears y que forman parte de una pobreza “invisibilizada”.
El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda
Unida, Carlos Sánchez Mato, desgranó algunos de los puntos de los “siete ejes
fundamentales y significativos” de los que consta la ley. Apuntó así a la
importancia de “crear empleo desde lo público para poder blindar un salario
mínimo en lo privado” o de, como propugna la Unión Europea, “invertir de forma
decidida en la infancia para romper con la desigualdad de manera efectiva”.
