IU formaliza una denuncia ante la Fiscalía para que investigue a las eléctricas por prácticas fraudulentas para subir el precio de la energía
La denuncia, registrada esta mañana en la Fiscalía Provincial de Sevilla, va firmada por el coordinador federal, Alberto Garzón, los/as diputados/as estatales por Andalucía, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere, además del coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y el resto de sus diputados/as autonómicos en el Parlamento andaluz
Izquierda Unida ha formalizado hoy una denuncia en sede judicial en la que reclama a la Fiscalía que investigue los motivos de que en un periodo de altísima demanda como el de los últimos días por la ola de frío las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando así un encarecimiento del precio de la energía.
La denuncia se ha registrado esta mañana en la Fiscalía Provincial de Sevilla. Va firmada por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, los/as diputados/as estatales por Andalucía de esta formación, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere, además del coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y el resto de sus diputados/as autonómicos en el Parlamento andaluz. En el escrito se solicita también al Ministerio Público que investigue si las eléctricas que cuentan con una red deficitaria en algunas zonas del país -las llamadas zonas blancas- incumplen su obligación de garantizar el acceso a la energía a todos los ciudadanos sin interrupciones.
Antonio Maíllo, acompañado de los/as diputados/as, alcaldes y cargos públicos de IU, fue el primero en explicar en las puertas de la Fiscalía esta actuación. “Creemos -detalló- que se impone la apertura de una investigación que ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios, así como actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas”.
“Es inaceptable y un insulto a la sociedad española -criticó- la puesta en escena del ministro de Energía (Álvaro Nadal) porque los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantienen un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica”.
Izquierda Unida insiste en su denuncia en que la regulación del mercado energético se ha concretado en unos parámetros legales que “favorecen los intereses empresariales en detrimento de las personas usuarias”.
“Incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente -añade- se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas”.
La diputada estatal Eva García Sempere ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reitera en sus informes “estas disfunciones, al tiempo que ha sancionado a compañías por emprender acciones tendentes a manipular los precios al alza”. En concreto, Iberdrola fue sancionada en diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión por ‘manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica’.
García Sempere valoró que aquel episodio movió al Gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios, “supuestamente para evitar que el precio de la luz se incrementara de golpe” aunque, como la propia CNMC ha revelado en su último informe, “las modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de beneficio de las empresas por encima del 30%”.
El también diputado de IU Miguel Ángel Bustamante ha defendido la “nacionalización de las eléctricas”, cuyas prácticas “están generando una gran indignación social. Entendemos que desde lo público se debe gestionar la producción y distribución de la energía”.
La denuncia registrada por Izquierda Unida, desde el convencimiento de que ningún ser humano puede ser privado de este derecho por causas económicas, señala que “deben producirse profundos cambios legales en nuestro país, dado que entendemos que el actual es injustamente ventajoso para las empresas y lesivo para la población”.
“No obstante -recoge el texto-, incluso en el ámbito de este marco legal que impugnamos, las empresas pudieran estar operando al margen de lo legalmente establecido, influyendo en los precios de la energía por razones ajenas a la prestación del servicio, y eludiendo su responsabilidad como compañías suministradoras al invertir insuficientemente en las infraestructuras que la prestación de este servicio básico requiere para garantizarlo a toda la población”.
