lunes, 30 de enero de 2017

Propuestas para el pleno de Enero

Izquierda Unida presenta propuestas a pleno en defensa de la sanidad, por el derecho a la energía como un bien de primera necesidad y para ayudar  a los vecinos a reclamar las clausulas suelo

Desde la formación de Izquierdas hemos presentado varias iniciativas al pleno del mes de enero que tienen mucho que ver con de los problemas que están castigando de forma muy especial a la clase trabajadora, en este sentido Manuel Ortiz concejal de IU en el ayuntamiento de Guadix, ha comenzado el año con  varias iniciativas para mejorar el bienestar de las personas comenzando con una propuesta en defensa del sistema público de Salud en Andalucía.

Todos somos partícipes de las multitudinarias manifestaciones de protesta que se están produciendo en estos últimos meses referidas a la atención sanitaria que estamos recibiendo en la provincia de Granada escenificado principalmente con la “con-fusión” hospitalaria de los centros médicos de la capital granadina, pero también en los consultorios y centros hospitalarios comarcales, donde las listas de espera a causa de la merma de profesionales y los recortes económicos, son cada vez más grandes a la vez que desesperantes. Donde la espera en las urgencias cada vez es más insoportable y el acceso a una posible hospitalización se convierte en tareas casi imposibles de alcanzar. 

Ante este panorama “inquietante” desde Izquierda Unida tomamos partido, y pedimos hacer de la acción política en salud una intervención transversal de forma que la “salud esté presente en todas las políticas, también en las locales”, convirtiendo en objetivo de todos los gobiernos mejorar la salud y el bienestar de su ciudadanía. Por ello pedimos a la Junta de Andalucía que mantenga el carácter público de la sanidad andaluza, la disminución de los conciertos con empresas privadas y a la recuperación de los servicios públicos privatizados en estos años.

Instamos a que los procesos de cambios organizativos como fusiones y otras en los servicios hospitalarios se hagan con la participación de los y las profesionales de la sanidad, y sin que ello suponga menoscabo de la cartera de servicios, disminución de la calidad de los mismos, ni pérdidas de empleo. Que se acabe con la precariedad laboral en el SAS por la influencia directa que esto tiene sobre la calidad de los servicios prestados.

El concejal de Izquierda Unida considera que hay que llegar más lejos y no solo quedarse en las reclamaciones a la Junta de Andalucía, por lo que considera necesario instar al Gobierno Central a la eliminación de los copagos farmacéuticos y a “revertir los recortes de miles de millones anuales en la financiación de la sanidad pública y que ha afectado directamente a la financiación de la sanidad andaluza”. Se estima que el gasto sanitario se ha disminuido en un 14´25% en Andalucía y en España un 11´87%.

Igualmente es necesario un proyecto de ley de Recuperación del Empleo Perdido, que permita a las comunidades autónomas reforzar sus servicios públicos tras la destrucción de empleo ocasionada por la reducción de la tasa de reposición al 10 y al 50%, que en el SAS ha supuesto la pérdida de 5.764 puestos de trabajo imprescindibles para recuperar unos niveles asistenciales adecuados.
Por último, Manuel Ortiz anima a participar en las movilizaciones que desde la plataforma “Granada por su Salud” se están organizando en la provincia.

IU contra  la  pobreza  energética
La segunda de las iniciativas presentadas por Izquierda Unida en el pleno del ayuntamiento de Guadix gira entorno a los “abusos” tarifarios que se están produciendo en la factura de la luz que repercute en todos los ciudadanos, por culpa de tales “abusos” cada vez más personas padecen la llamada “pobreza Energética” y Guadix no es una excepción.
La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética.

Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA- sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5'1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo dos años -desde 2012 a 2014. Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con mayor incidencia de pobreza energética. Asimismo, este estudio también señala que un 21% de los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética, y que un 6%, es decir, 2'6 millones de personas, dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas. Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas, por lo que tendrían que ser abordadas de forma diferente a las áreas urbanas y periurbanas.

Este estudio también pone de manifiesto cómo no sólo la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética. Así, en el año 2014, el 18% de los hogares con alguna persona con mala salud en el hogar, se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 10% de los hogares que no contaban con ninguna persona con mala salud. Bajo este indicador, prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza energética en los hogares que declaran tener una mala salud. El estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales de invierno, es decir, más de 7.000 personas en esa época del año.

Desde Izquierda Unida tenemos claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas, desde la consideración de servicio público de este sector, frente a su actual status de suculento negocio para las grandes compañías eléctricas y gasísticas.
Por todo ello proponemos un cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. La titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica. Pedimos la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico. Y el compromiso de elaborar por parte del ayuntamiento de Guadix un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.

Facilitar a la ciudadanía afectada los trámites necesarios para la devolución de las Clausulas Suelo.

El suelo hipotecario es una cláusula que establece un interés mínimo a pagar en nuestra hipoteca aunque el índice al que esté referenciado el préstamo hipotecario (normalmente Euribor a 12 meses) cotice en valores inferiores a dicho límite. Es, en otras palabras, el interés más bajo que pagaremos nunca por nuestra hipoteca. La cláusula suelo la encontraremos entre las condiciones del contrato de la hipoteca, aunque posiblemente no aparecerá bajo este nombre.

La cláusula suelo impide a los clientes que la cuota de su hipoteca se reduzca cuando desciende el índice de referencia de su préstamo hipotecario, ya que aplica un interés mínimo a pagar siempre que el Euribor esté por debajo del valor que marque la cláusula. El suelo hipotecario no afecta a las hipotecas fijas, ya que el interés en este tipo de préstamos hipotecarios no está referenciado a ningún índice, por lo que no varía y las cuotas siempre son las mismas.

Es un abuso más de la banca hacia los usuarios, que esta organización, Izquierda Unida, ha venido manifestando, y donde nos felicitamos de la última decisión del Tribunal Europeo en este sentido, concediendo la retroactividad total en las cláusulas suelo.

De esta forma, contradice al Alto Tribunal español y al dictamen del abogado general de julio, que solo concedía la devolución retroactiva de lo cobrado en exceso hasta dicha fecha, y asume las tesis defendidas por la Comisión Europea. En este sentido, ha estimado que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso a mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, se opone al derecho comunitario, lo que en la práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma del préstamo.

Según la sentencia, "La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor".

Una noticia muy esperada por el conjunto de consumidores, donde según las asociaciones que trabajan en la defensa de sus derechos, coinciden en aconsejar a los usuarios que para recuperar su dinero, antes de dar el paso de acudir a los tribunales hay que dirigirse al banco y reclamar las cantidades.

Pero es muy posible que la entidad se niegue o que ofrezca a firmar un “acuerdo trampa” por el que sólo devolvería una parte. Pudiéndose caer en un error general del "más vale pájaro en mano que ciento volando", entrando por tanto en otro abuso por parte de quienes tienen más medios para la negociación.

Por ello, se entiende como muy importante para garantizar los derechos de los consumidores que éstos estén desde el primer minuto bien asesorados.

Entendemos que los Ayuntamientos como administraciones más cercanas a los ciudadanos no pueden mostrarse  neutrales ante este abuso y deben ponerse al lado de los consumidores en este sentido para salvaguardar sus derechos ante esta sentencia del Tribunal Europeo.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida hemos propuesto que sea el ayuntamiento de Guadix quien disponga un dispositivo extraordinario de asesoramiento a la ciudadanía para informar a los posibles afectados si su hipoteca contiene cláusulas suelo y, si procede, los pasos a seguir para recuperar el dinero injustamente pagado a la entidad de ahorro con la que suscribió la hipoteca de su vivienda.

miércoles, 25 de enero de 2017

NI UN HOGAR CON FRÍO

IU formaliza una denuncia ante la Fiscalía para que investigue a las eléctricas por prácticas fraudulentas para subir el precio de la energía
La denuncia, registrada esta mañana en la Fiscalía Provincial de Sevilla, va firmada por el coordinador federal, Alberto Garzón, los/as diputados/as estatales por Andalucía, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere, además del coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y el resto de sus diputados/as autonómicos en el Parlamento andaluz
Izquierda Unida ha formalizado hoy una denuncia en sede judicial en la que reclama a la Fiscalía que investigue los motivos de que en un periodo de altísima demanda como el de los últimos días por la ola de frío las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando así un encarecimiento del precio de la energía. 
La denuncia se ha registrado esta mañana en la Fiscalía Provincial de Sevilla. Va firmada por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, los/as diputados/as estatales por Andalucía de esta formación, Miguel Ángel Bustamante y Eva García Sempere, además del coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, y el resto de sus diputados/as autonómicos en el Parlamento andaluz. En el escrito se solicita también al Ministerio Público que investigue si las eléctricas que cuentan con una red deficitaria en algunas zonas del país -las llamadas zonas blancas- incumplen su obligación de garantizar el acceso a la energía a todos los ciudadanos sin interrupciones.
Antonio Maíllo, acompañado de los/as diputados/as, alcaldes y cargos públicos de IU, fue el primero en explicar en las puertas de la Fiscalía esta actuación. “Creemos -detalló- que se impone la apertura de una investigación que ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios, así como  actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas”.
“Es inaceptable y un insulto a la sociedad española -criticó- la puesta en escena del ministro de Energía (Álvaro Nadal) porque los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantienen un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica”.
Izquierda Unida insiste en su denuncia en que la regulación del mercado energético se ha concretado en unos parámetros legales que “favorecen los intereses empresariales en detrimento de las personas usuarias”.
“Incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente -añade- se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas”.
La diputada estatal Eva García Sempere ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reitera en sus informes “estas disfunciones, al tiempo que ha sancionado a compañías por emprender acciones tendentes a manipular los precios al alza”. En concreto, Iberdrola fue sancionada en diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión por ‘manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica’.
García Sempere valoró que aquel episodio movió al Gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios, “supuestamente para evitar que el precio de la luz se incrementara de golpe” aunque, como la propia CNMC ha revelado en su último informe, “las modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de beneficio de las empresas por encima del 30%”.
El también diputado de IU Miguel Ángel Bustamante ha defendido la “nacionalización de las eléctricas”, cuyas prácticas “están generando una gran indignación social. Entendemos que desde lo público se debe gestionar la producción y distribución de la energía”.
La denuncia registrada por Izquierda Unida, desde el convencimiento de que ningún ser humano puede ser privado de este derecho por causas económicas, señala que “deben producirse profundos cambios legales en nuestro país, dado que entendemos que el actual es injustamente ventajoso para las empresas y lesivo para la población”.
“No obstante -recoge el texto-, incluso en el ámbito de este marco legal que impugnamos, las empresas pudieran estar operando al margen de lo legalmente establecido, influyendo en los  precios de la energía por razones ajenas a la prestación del servicio, y eludiendo su responsabilidad como compañías suministradoras al invertir insuficientemente en las infraestructuras que la prestación de este servicio básico requiere para garantizarlo a toda la población”.