miércoles, 25 de mayo de 2016

Criterios Sociales y Medioambientales en la contratación pública



NOTA DE PRENSA
Guadix 25 de Mayo de 2016.-


Izquierda Unida presenta al pleno de Mayo una moción sobre inclusión de Criterios Sociales y Medioambientales en la contratación pública del Ayuntamiento de Guadix
                                                                      
El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guadix propone para ello la elaboración de un decreto que incluya criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la inclusión sociolaboral de colectivos con especiales dificultades de inclusión, la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo; criterios que deberán valorarse en un mínimo del 60% sobre la puntuación total (siempre bajo la supervisión de los servicios jurídicos municipales); que valore en los pliegos de contratación a las empresas de Economía Social y/o Solidarias que desarrollen su trabajo con personas en proceso de inclusión social y permita no prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expire cada uno de ellos un nuevo pliego que incorpore cláusulas sociales y medioambientales.

             Siendo la contratación pública uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, esta debe ser una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad, justicia…. Por tanto se tiene que evitar, como viene ocurriendo en muchas administraciones, que la mayor ponderación sea para el criterio precio entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos, ya que podemos estar incidiendo negativamente en el mercado laboral de nuestra ciudad precarizando directamente las condiciones y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras.

              Desde Iu Guadix entendemos que el objetivo del Ayuntamiento, en este ámbito, deben estar dirigido a la consecución de una contratación pública sostenible y socialmente responsable que tenga en cuenta no solo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios y en las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre las condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o sobre el propio empleo; esto implica que la oferta “económicamente” más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo