En la línea de las mociones que la formación de izquierdas está presentando en los municipios españoles, el portavoz en la Diputación Provincial, Juan Francisco Arenas de Soria, solicita para su aprobación que la institución “genere una relación de lugares de acogida, especialmente de propiedad pública; habilite una partida económica para hacer frente a las políticas de asilo, y se cree un grupo de trabajo entre el área de servicios sociales, CEAR España, Cruz Roja y organizaciones provinciales en el ámbito de trabajo con personas refugiadas”.
Asimismo, otro de los puntos recogidos en la iniciativa contempla reclamar a la Unión Europea y sus estados miembros facilitar mediante vías legales y seguras el derecho de asilo a quienes lo solicitan, lo cual supone, según explica Arenas de Soria: “Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados de los países de origen y tránsito; activar políticas de concesión de visados humanitarios, y eliminar la exigencia del visado de tránsito para personas que procedan de países en conflicto, así como enfrentar las causas que provocan los desplazamientos forzados, y desarrollar nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos migratorios”.
En cuanto a la segunda pretensión de IU para el pleno del presente mes, el grupo de izquierdas solicita que la Diputación se posicione contra la Ley 4/2015, de 30 de Marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, y se reclame al Congreso de los Diputados su derogación por considerar que “legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos básicos como la libertad de expresión y de manifestación”. Además, el grupo de IU asegura que esta “ley del miedo o ley mordaza” otorga a la administración “arbitrariedad” para imponer sanciones, y que estas pueden ser desproporcionadas. Para infracciones consideradas muy graves, la multa puede llegar a 600.000 euros, apunta el diputado de IU.
El grupo de la formación de izquierdas, además de la “inmediata” derogación de la mencionada ley, reclama un debate entre todas las fuerzas políticas que cristalice en un texto consensuado sobre la regulación de la seguridad ciudadana. “Debate que ha de incluir la Reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, y la de la Ley Orgánica General Penitenciaria”.
Asimismo, “por ser el impulsor de la Ley Mordaza, cuyos postulados preconstitucionales son inconcebibles en una democracia, y por su reiterada disposición a legalizar las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla” IU solicita también a través de la moción la dimisión de Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior.
