“El agua debe gestionarse como un servicio público de primera necesidad
y no como un bien de libre mercado”. El edil solicita un acuerdo con Aguas de
Guadix para que no se pueda vulnerar el derecho a un suministro mínimo vital de
agua.
El
portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento de Guadix, Manuel Ortiz, ha denunciado
“el goloso y colosal negocio que hacen las grandes compañías a costa del
sufrimiento de las personas más desprotegidas y con la connivencia del
gobierno”. Izquierda Unida ha lamentado que el suministro de agua y energía
“esté sometido hoy a una gestión estrictamente mercantil y alejada de su
naturaleza como bien público”, y se ha mostrado convencida de que “aboca a
quienes sufren el corte del suministro en sus hogares a la caída en la
exclusión social y la pobreza”.
Razones de peso y más que
justificadas que han llevado al concejal a presentar una moción en el
consistorio accitano para su debate a pleno. A través de dicha moción, que ya
se ha presentado en comisión informativa, y que IU espera que tenga “buena
acogida” en el pleno del próximo martes, se insta al Consejo de Administración
de la empresa mixta Aguas de Guadix “para que alcance un acuerdo que garantice
de manera ininterrumpida el suministro de agua a usuarios domésticos del
servicio, aún en caso de impagos de las tasas cuando ello pueda traducirse en
la vulneración del derecho a un suministro mínimo vital de agua”. Asimismo, IU
propone que desde el gobierno municipal
se reclame a la Junta de Andalucía y al gobierno de la nación “la puesta en
marcha de medidas que garanticen a toda la ciudadanía el derecho a unos
suministros mínimos vitales de agua y energía en caso de insolvencia económica
o procedimiento de desahucio”.
Tal y como determinó la
Asamblea General de Naciones Unidas en 2010 mediante la resolución 64/292, el
acceso universal al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano
esencial y jurídicamente vinculante. Así las cosas, diversos movimientos
sociales en toda Europa vienen organizándose para reclamar a las
administraciones el cumplimiento y reconocimiento del acceso al agua y al
saneamiento como un derecho humano. Entre las acciones de esta campaña destacan
la presentación de 1.857.605 firmas ante la Unión Europea.
Ortiz
ha explicado que “las administraciones deben tomar cartas en el asunto y
enfrentarse ante la insensibilidad de las empresas que no tienen reparo alguno
en cortar el suministro básico a familias sin solvencia económica. Es por ello
que creemos que la garantía de acceso al derecho humano del agua en nuestro
municipio debe de establecerse a través de un suministro mínimo vital de agua independientemente
de cualquier condicionante de tipo económico”.
