DIA
INTERNACIONAL DEL MAYOR
1 DE OCTUBRE DEL 2013
1 DE OCTUBRE DEL 2013
En
relación al Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el
próximo día 1 de octubre, los mayores pertenecientes a CCOO y UGT, queremos
hacer oír nuestra voz ante la sociedad, para denunciar las injusticias que se
cometen con el colectivo que representamos y a la vez exponer nuestras
propuestas.
Los
recortes se han instalado en la agenda del Gobierno y los primeros en sufrirlos
mes tras mes, hemos sido el colectivo de mayores, un colectivo que es muy
vulnerable a estas políticas. El número
de hogares españoles con todos sus
miembros en paro que sobreviven gracias a la pensión de un jubilado se ha
triplicado desde 2008 y asciende ya a
más de 300.000. En uno de cada cinco hogares con todos sus miembros en paro
vive alguna persona mayor de 65 años,
que todos ellos sobreviven gracias a la pensión del mayor.
Los mayores somos un importante capital humano y un recurso de experiencia que
ninguna sociedad debe, ni puede, permitirse el lujo de ignorar. Mas cuando la
población con una edad igual o superior a los 65 años no ha hecho sino
incrementar su peso relativo en el conjunto de la población, pasando de
significar el 11,2 por ciento de ésta en 1981 a configurar el 17, 4 por ciento
en 2011, lo que supone 6,2 puntos porcentuales en los últimos 30 años; pero
también es preciso subrayar que en ese mismo periodo, el Producto Interior
Bruto de España creció en un 81,3 por ciento, lo que, de existir unas políticas
redistributivas lo suficientemente equitativas, debería satisfacer sobradamente
las necesidades derivadas de esa nueva realidad demográfica.
La
reformulación de la Ley de Atención a las personas en situación de dependencia
pervierte uno de los objetivos de la ley (su carácter preventivo), lo que
significará un incremento de las personas en esta situación, a la par que
considera como colectivo no prioritario a las personas con dependencia
moderada, cuya incorporación al sistema se suspende hasta el año 2015. Muchas
personas y familias, por lo tanto, quedan relegadas de su derecho lo que, sin duda, agravará la situación de
estas personas de una manera mucho más rápida e intensa.
A
ello hay que añadir la reducción de la cuantía de las prestaciones por cuidados
en el entorno familiar (ya muy exigua), en un 15%, profundizándose de esta
manera en las situaciones económicas vulnerables, tanto de las personas
dependientes como de sus entornos familiares.
Como
defensores de lo Público, podemos decir
que el sector privado en la prestación de servicios a los dependientes está
creciendo en detrimento del sector
público que se verá reducido al máximo en un futuro no muy lejano. Lo que puede
conllevar que la persona deje de recibir plaza pública (Residencias, Centros de
Día, Servicio de Ayuda a Domicilio) para pasar a percibir una prestación
vinculada al servicio del sector privado, teniendo que asumir de esta manera un
mayor gasto por las familias.
Especialmente
graves resultan los recortes sufridos en sanidad, por sus repercusiones
negativas en la salud y el bienestar de las personas mayores. En este sentido,
tiene especial impacto la extensión del copago farmacéutico al colectivo de
pensionistas con una definición además regresiva, el medicamentazo que retiró
de la financiación pública más de 450 fármacos de bajo coste y, más
recientemente, la inclusión del copago de parte de los medicamentos que se
dispensan en las farmacias hospitalarias, para enfermos crónicos sin
hospitalización, que entrará en vigor en octubre y constituye un ineficaz e
inapropiado procedimiento de control de gasto en farmacia hospitalaria, además
de gravar económicamente al paciente. Todas estas medidas, ajenas al criterio
terapéutico, obedecen a objetivos de
ahorro en el gasto público, que se transfieren como gasto al bolsillo de los
ciudadanos.
Estas
medidas son inasumibles para unos
colectivos cuya economía es escasa y, consecuentemente, afecta de forma directa
a toda la población, aunque con mayor incidencia en personas dependientes,
enfermos crónicos y mayores. La exclusión de fármacos de la financiación
pública está provocando, en ocasiones, un incremento del precio de los mismos
en su venta libre, al tiempo que, en otros casos, son sustituidos por otros
similares aún financiados por la Seguridad Social que son, a menudo, más caros.
El "pretendido ahorro" de esta medida puede, por tanto, no existir,
al margen del perjuicio final generado para muchos ciudadanos en una materia,
tan relevante, como su salud.
Entendemos
que las pensiones públicas juegan un papel fundamental en la demanda interna de
bienes y servicios de nuestro colectivo,
contribuyendo al crecimiento y reactivación de la economía y asegurando un
nivel de vida digno y de calidad.
Las
políticas de bajos salarios y destrucción de empleo van claramente contra el sistema de pensiones de nuestro
país, pues se sufraga por cotizaciones provinentes del trabajo lo que hace que
al disminuir las rentas del trabajo, disminuyen también los ingresos a la
Seguridad Social. Los que buscan debilitar los sistemas públicos de protección
social, para sustituirlos por sistemas privados proporcionados por el sector
financiero, que excluyen a la mayoría de la población tienen intereses muy
distintos del interés general.
Nosotros
queremos dejar claro que el auténtico reto para la sostenibilidad futura del
sistema de pensiones y para su suficiencia está en el empleo con derechos, en
la cantidad y calidad del empleo y en la cuantía de los salarios.
Los
ingresos provenientes de las pensiones han cobrado un mayor protagonismo en las
economías familiares, pasando a ser el ingreso principal del 31,4 por ciento de
los hogares españoles, y de un 27,3 por ciento en el caso de que el sustentador
principal sea una persona mayor de 64 años (sea o no pensionista).
Es
cierto que la esperanza de vida es mayor, y que eso no solamente incrementará
el número de pensionistas, sino que también incrementará sus necesidades de
atención y cuidado y que por tanto repercutirá en otro tipo de gastos de
carácter socio sanitario. Pero no es menos cierto que nuestro sistema público
de pensiones es viable y sostenible y que los servicios socio sanitarios pueden
ser soportados desde los presupuestos públicos siempre que haya una fiscalidad
eficiente y basada en criterios de equidad y realmente redistributivos.
Con
estos datos podemos concluir que no se
cumple con lo establecido en el Art. 50
de nuestra Constitución: Los poderes públicos garantizaran mediante pensiones
adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio.
Por
todo ello hoy día 1 de Octubre, el colectivo de mayores de UGT y CCOO queremos
alzar nuestra voz y reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los
poderes públicos y administraciones:
Garantice
el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones a través de su
revalorización anual. Por ello rechazamos la reducción del poder adquisitivo de los
pensionistas que se deriva de la reforma de pensiones planteada ahora por el
Gobierno y exigimos la recuperación del IPC perdido por los pensionistas del
año 2011 y 2012. Con ello evitaremos un empobrecimiento progresivo de nuestros
pensionistas. En la actualidad, se cifra en más de cuatro millones de
Pensionistas los que están por debajo del umbral de la pobreza
Derogación
de las reformas y freno a los recortes que en materia sanitaria se están
llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farmacéutico
injusto y regresivo, etc.
Corrección
de las reformas y recortes en Dependencia y puesta en marcha de medidas que
garanticen un nivel de prestaciones de servicios sociales suficientes y
adecuados a las necesidades de la población que los necesita.
Las
personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud
adecuada de todas las administraciones
que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico,
mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de
enfermedades. Reivindicamos la especialidad de Geriatría/Gerontología con
programas de atención primaria junto a
los programas de atención domiciliaria, con rehabilitación y programas
sociales así como la aplicación de
cuidados subespecialidados a las personas mayores que tienden a ser frágiles.
En este contexto, fragilidad se entiende como la tendencia de las personas
mayores a sufrir numerosos problemas médicos y sociales.
Que
las políticas sociales cumplan su objetivo final, ayudar a los colectivos más
necesitados y cubrir sus necesidades básicas: social, alimentación, sanidad
y vivienda entre otras.
Que
se aumenten la partida para los
Servicios Sociales, para prestar
más y mejor atención a
los mayores con necesidades que
son uno de los colectivos que menos
posibilidades tienen y peor están soportando la crisis.
Políticas que tiendan a disminuir los tiempos de espera
para pruebas médicas y hospitalarias (prevención). De no hacerse, se está acortando la esperanza de vida de los
mayores.
Trabajaremos
por la reorientación de la política económica y social del Gobierno, cuyos
resultados nos han abocado a un aumento de la desprotección social, un aumento
del empobrecimiento, mayor desempleo con un agravamiento de la crisis y sus
consecuencias. Haciéndose necesario para ello unos Servicios Públicos garantes
de cohesión social, que reactiven el crecimiento económico y favorecedores de
empleo para lograr una salida más rápida y justa de esta crisis.
