ARTÍCULO
DE OPINIÓN
José
Alonso Reyes.-
Asamblea
local Iu Guadix
Trabajador@s
del XXI
Si echamos la vista unos pocos años
atrás, en España tener un empleo garantizaba a las personas que lo ostentaban unos
ingresos mínimos con los cuales alcanzar unas condiciones de vida dignas; pero
desde 2008 esta consecuencia lógica no se cumple por dos motivos fundamentales:
Por una lado, las sucesivas reformas han
supuesto un menoscabo en los derechos laborales de l@s trabajador@s, por otro,
la agresiva política de recortes sociales ha resquebrajado los cimientos del Estado
del bienestar.
Este doble ataque a la prosperidad de
las personas se intenta presentar, en demasiadas ocasiones, como si se tratase
de una catástrofe natural sobrevenida e incluso como un castigo divino ante el
cual no pudiéramos hacer nada; ante este hecho simplemente
se nos pide que callemos, acatemos y
permanezcamos impasibles ante el dolor y el sufrimiento de las personas de
nuestro entorno; pero la realidad no es esa, los recortes de derechos sociales
y de libertades civiles son fruto de la toma de decisiones políticas,
consecuencia lógica de las leyes de corte neoliberal en el terreno económico y
neoconservador en el espacio social, que ha ido aprobando el gobierno durante
la anterior legislatura.
Este cúmulo de decisiones políticas
(reformas laborales,“ley mordaza”, reforma del artículo 135 CE…) han traído
aparejado la aparición de un nuevos tipos de trabajador@s, como el/la trabajador
/a pobre (o pauperizado) que podríamos definirlo como aquellas personas
empleadas, que a pesar de sus ingresos laborales fijos, con sus rentas no superan
el umbral de la pobreza. El número de trabajadores y trabajadoras pobres ha
pasado desde el 11,7% en 2013 al 14,2% en 2014, esto simplemente demuestra que
no cualquier trabajo protege de la pobreza. Esta cuestión es inseparable de la
evolución creciente de la jornada parcial que, para el segundo trimestre de
2015, llega al 16% del total de ocupad@s.
En este mismo sentido, con la
proliferación de los contratos temporales, nos encontramos ante otra nueva
categoría de trabajad@r, el precariado, que abarca a todo aquel trabajad@r que
va encadenando contrato temporal tras contrato temporal (con suerte) a veces de
semanas, o bien épocas de trabajo con otras de desempleo, empleos en demasiadas
ocasiones mal remunerados, en los cuales no se suelen respetar las condiciones
de los contratos y puede resultar complicado ejercer derechos como el de
sindicación.
Indudablemente siempre ha existido el
trabajo temporal, la diferencia como dice Guy Standing autor del libro El
Precariado, “es la adaptación de las
expectativas vitales a un empleo inestable y a una vida inestable.”Además este precariado debe de invertir
demasiados esfuerzos durante los periodos de alternancia entre empleos en la
búsqueda del nuevo puesto de trabajo, por ejemplo rellenando una infinidad de
papeles en trámites burocráticos que en demasiadas ocasiones no conducen a
nada, inscribiéndose en gran cantidad de portales de internet, o siendo
obligado a reciclarse por medio de innumerables curso de formación, ya que las
habilidades y conocimientos que adquiere en un empleo a menudo no son
compatibles con las requeridas para el siguiente empleo.
Junto a estas dos figuras no podemos
olvidar la del falso autónomo; bajo esta
definición encontramos a tod@s es@s trabajador@s que aunque formalmente parecen
autónom@s, en realidad tienen todas las características de un trabajador/a por
cuenta ajena debido a que, en la práctica, presta sus servicios en el marco de
una única empresa sometido a horario, órdenes, etc. de un empresari@; al fin y
al cabo se trata de un trabajador/a deslaboralizado,
esto es, sin derechos y fuera de la protección que puede ofrecer el Estatuto de
los Trabajadores y de las normas convencionales.
Esta nueva realidad del mercado de
trabajo debe ser rechaza y después transformada, para esta tarea urge un cambio
en la política económica que ponga en el centro de sus preocupaciones la
creación de un empleo de calidad, con medias concretas en el ámbito económico
como, entre otras, el incremento del salario mínimo interprofesional, un plan
de choque por la creación de empleo, la igualdad salarial entre hombres y
mujeres, una reforma fiscal progresiva y, por supuesto, la derogación de la
“ley mordaza” y la eliminación del artículo 315. 3 del Código penal.
