En el transcurso de la reunión mantenida este pasado sábado llevada a cabo por la dirección provincial de Izquierda Unida junto a colectivos, agentes sociales, sindicatos de clase y militantes de la formación izquierdista con el objetivo de revisar las medidas de ajuste que el gobierno de la junta de Andalucía tendrá que llevar a cabo para cumplir con las exigencias impuestas por el ejecutivo del PP de Mariano Rajoy, se acordaron un centenar de propuestas contenidas en cuatro ejes fundamentales que los dirigentes de IU defenderán en el trámite parlamentario que dará cómo fruto el plan de ajuste definitivo que tendrá que llevar a cabo la administración andaluza por imposición del gobierno central.
Pedro Vaquero, miembro de la ejecutiva andaluza de la formación, ha resaltado la presencia de IU en el gobierno de la Junta como elemento de garantía para que no se adopten medidas de recorte drásticas sin contar antes con la participación de los sindicatos, agentes sociales y económicos, además de ser pieza clave para que el gobierno de la Junta de Andalucía se haya dado más tiempo, para precisamente facilitar esta participación.
En primer lugar la formación de izquierdas pone sobre la mesa la necesidad de renegociar la amortización de la deuda, o lo que es lo mismo renegociar a la baja la cantidad de deuda que se tiene que amortizar.
En segundo término recortar más aquellas partidas que no sean del capítulo uno (las de personal) incidiendo más en las partidas de gasto corriente o de trasferencias de capital, para que afecten cuanto menos los recortes al personal “queremos que el impacto de los recortes en los empleados públicos sea el menor” para ello proponen un techo de 1.000 euros de forma que los empleados públicos que ronden esta cifra no se vean afectados por estas medidas.
En tercer lugar proponen una comisión de verificación para que sea efectivo el compromiso de reversibilidad “es decir que si vienen situaciones donde los ingresos son suficientes como para poder devolver lo que se ha detraído de los salarios de los trabajadores públicos, efectivamente se lleve a cabo”.
El cuarto eje pasa porque el Gobierno Andaluz adopte el compromiso firme de la restructuración de la administración pública andaluza y de sus agencias “porque se producen situaciones de discriminación salarial entre los salarios de los trabajadores públicos de la administración general con respecto a un personal que está dentro de la administración en los entes gubernamentales y que cobran más que los funcionarios aún estando en las mismas categorías”.
Manuel Morales, coordinador provincial de la formación, ha precisado que las medidas que se adopten al final de este proceso tienen que garantizar tanto el mantenimiento del empleo como la prestación de servicios a la ciudadanía, educación, sanidad y servicios sociales “intocables” para IU y ha manifestado que la garantía de unas políticas diferentes a las pretendidas por el PP o del PSOE en solitario, “es la participación de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía”.
En este sentido se ha pronunciado la parlamentaria María del Carmen Pérez, que se ha centrado en facilitar datos sobre la estructura del nuevo gobierno de Andalucía “donde ya se han reducido el número de altos cargos a la mitad, junto a la disminución de delegaciones y ahorro en elementos como los coches oficiales, y tomando en consideración medidas futuras para con este colectivo como la eliminación de cualquier tipo de privilegios así como complementos de productividad, etc., antes de tocar los salarios de los empleados públicos”.
